Entrevista a Roger Rumrrill – Pueblos Indígenas Amazónicos

Carlos Noriega

Desde hace casi cincuenta días, las comunidades indígenas de la Amazonía están en pie de lucha exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos dados por el gobierno en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que promueven la inversión privada en las tierras indígenas, algo que las comunidades amazónicas, que integran a unos 300 mil indígenas, rechazan. Esta semana comienza un diálogo entre el gobierno y los indígenas. Róger Rumrrill, experto en temas amazónicos que ha escrito varios libros sobre la Amazonía, analiza el actual conflicto amazónico y el futuro que podría tener esta protesta, y recuerda la histórica marginación de los indígenas.

¿Cuáles serían los efectos sobre la Amazonía si se mantienen los decretos legislativos que las comunidades indígenas exigen se deroguen?

Si estos decretos se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, productoras de biocombustibles; y en el mediano horizonte la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. La lucha contra estos decretos es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura. Los indígenas están defendiendo su vida.

El gobierno argumenta que estos decretos llevarán la modernidad y el desarrollo a la Amazonía.

Eso es falso. Modernidad no es destruir la naturaleza, el sistema de reproducción de la vida, que es lo que ocurrirá si se impone el modelo del gobierno. Modernidad es lo que plantean los indígenas, que es un uso ambiental sostenible de sus recursos. El desastre ambiental que afecta al planeta es producto del modelo capitalista de desarrollo, que implica el saqueo de los recursos naturales. Ese modelo es insostenible y de ninguna manera va a llevar desarrollo a las poblaciones amazónicas, a lo que va a llevar es a la destrucción de la Amazonía.

El ministro Antonio Brack asegura que la producción petrolera y la explotación de bosques se harán conservando el medio ambiente y traerá beneficios para las comunidades indígenas.

Si se venden los bosques, muchos serán destruidos para producir biocombustibles. Ya hay cuatro millones de hectáreas de bosques en proceso de venta. En ningún lugar del mundo hay explotación petrolera limpia, que no contamine. La Amazonía tiene 78 millones de hectáreas, de las cuales 53 millones ya están lotizadas, con severos impactos ambientales. Un ejemplo de las consecuencias de la explotación petrolera es lo que ocurre en los lotes 1AB y B, en los ríos Tigres y Corrientes, que en los últimos diez o quince años han generado 16 mil millones de dólares de utilidades, pero las poblaciones indígenas aledañas a esos lotes no solamente viven en la pobreza, sino que por la contaminación producida por la explotación petrolera tienen enfermedades irreversibles. Hay 24 lotes petroleros que están sobrepuestos a 200 comunidades indígenas y una gran cantidad de lotes están en áreas de conservación nacional. Eso es totalmente irregular. La explotación petrolera en tierras indígenas solamente debería darse si las comunidades propietarias de esas tierras la aceptan…

El presidente García ha dicho que los indígenas no son dueños de los recursos naturales que están en sus tierras, porque según la Constitución esos recursos son del Estado.

Con la política del gobierno los dueños de esos recursos van a ser las corporaciones. El Estado es dueño del subsuelo, pero no puede cometer la injusticia, la aberración, de utilizar lo que está dentro de las tierras indígenas sin siquiera consultarles. Pero el gobierno no le consulta a nadie, actúa como un patrón implacable.

Los indígenas han sido acusados de querer permanecer en el atraso.

Decir que los indígenas son enemigos del progreso es una satanización, una deformación de sus reivindicaciones. Los indígenas quieren el progreso, pero no con el esquema de las multinacionales. Ellos quieren manejar sus bosques, hacer alianzas estratégicas con empresas de turismo, hacer piscicultura. No están planteando quedarse en la etapa del buen salvaje.

El gobierno asegura que los indígenas se oponen a estos decretos porque han sido engañados y son manipulados por intereses políticos.

Es una falacia decir que los indígenas son manipulados. Ellos están organizados, saben lo que quieren y están absolutamente conscientes de sus reivindicaciones y de sus intereses. Decir que son manipulados es la expresión del más asqueroso racismo y de un desprecio a los pueblos indígenas, es negar su inteligencia y su capacidad de decisión. Ese es el discurso de los extirpadores de idolatrías. Solamente falta que digan que los indígenas no tienen alma.

¿Cree que en la mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas se llegue a un acuerdo?

No soy optimista sobre esta negociación. El gobierno revela su cinismo cuando dice que quiere dialogar, pero al mismo tiempo denuncia a los dirigentes indígenas. Creo que esta mesa es para dilatar las cosas…

Si no hay acuerdo en esta negociación, ¿qué salida le ve a este conflicto?

El gobierno no tiene la voluntad de derogar estos decretos y solucionar el conflicto, y tendrá que ser obligado a derogarlos a través de la presión de distintos sectores en todo el país. La solución pasa porque los frentes de defensa regionales, partidos políticos, gremios, sindicatos, las comunidades andinas, se sumen a la batalla de las comunidades indígenas amazónicas, que es una lucha pacífica. En la medida que se logre una acumulación de fuerzas y otros sectores se sumen a la lucha indígena, se puede lograr que el gobierno retroceda y alcanzar un triunfo. Esta no es solamente una batalla indígena, es una batalla de todo el país por su soberanía y sus recursos.

¿Cuánto tiempo más podrán sostener los indígenas esta protesta?

Pueden sostenerla meses y años. Esta es una guerra del fin del mundo, porque es la guerra por la vida. La capacidad de resistencia de los indígenas es muy grande.

“Con este gobierno hemos retrocedido cien años”

La población indígena amazónica que ahora se ha levantado contra los decretos legislativos que afectan sus tierras es una población históricamente discriminada…

Discriminada, despojada, masacrada. Durante la explotación del caucho, entre fines del siglo XIX y la segunda década del siglo XX, los extractores de caucho esclavizaron a la población indígena y murieron 50 mil indígenas. Hasta los años setenta todavía se vendían esclavos indios en la plaza de armas de Atalaya. Esto cambió en forma radical en 1974, cuando el gobierno de Velasco promulgó la ley de comunidades nativas, que reconoció la identidad de los indígenas, el derecho a la propiedad de sus territorios y que calificó las tierras indígenas como inembargables, inalienables e imprescriptibles. Las reivindicaciones indígenas empezaron con esa ley.

¿Ahora estamos en un período de retroceso respecto a los derechos de los indígenas?

El retroceso comenzó en 1993 con la Constitución fujimorista, que eliminó la mayor parte de las garantías para las comunidades nativas. En los gobiernos de Toledo y García ha continuado ese proceso de retroceso…

¿Qué tan grave es ese retroceso durante el actual gobierno?

Con este gobierno hemos retrocedido cien años, a la época del primer gobierno de Leguía, cuando en 1909 se dio una ley que desconoció los derechos de los indígenas sobre sus tierras y señaló que la Amazonía era un espacio vacío que había que ocupar vendiendo, alquilando o dando en concesión las tierras. Esa ley permitió la creación de grandes haciendas en la Amazonía. Alan García es el nuevo Leguía de la Amazonía, porque, como Leguía, García piensa que la Amazonía es un espacio vacío que debe ser entregada al gran capital y que los indígenas significan atraso.

¿Esta protesta de las comunidades amazónicas es, más allá de la exigencia de la derogatoria de estos decretos, una lucha de reivindicación histórica de los derechos y la identidad indígena?

Efectivamente, esta lucha es parte de una lucha reivindicativa de los indígenas contra un adversario que los amenaza hace siglos. Con esta lucha los indígenas se cohesionan y refuerzan su identidad. Esta rebelión indígena puede adquirir un carácter mesiánico, en el sentido de convertirse en una lucha por recuperar ese universo perfecto ahora quebrado, que está en la concepción milenarista de los indígenas. Ese milenarismo y mesianismo le da una gran fuerza a esta lucha. Esta protesta indígena puede convertirse en la segunda gran rebelión panamazónica de la historia, después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, en 1740.

Fecha: martes, 26 mayo, 2009, 10:24 am

¿QUIÉN VIOLA EL ESTADO DE DERECHO, EL GOBIERNO O LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS?

Equipo profesional de IDL-Justicia

En las últimas semanas, líderes del gobierno han acusado a los pueblos indígenas amazónicos de haber iniciado una huelga y haber recurrido a la violencia en sus reclamos, de ir contra el desarrollo y los intereses del país, todo ello al proponer los mismos la derogatoria de los decretos legislativos expedidos por el gobierno que afectan sus intereses.

Al margen del desacertado llamado de insurgencia (rápidamente rectificado). El equipo profesional de IDL-Justicia considera que los decretos en cuestión son inconstitucionales por no haber sido promulgados respetando el derecho fundamental a la consulta de los pueblos indígenas y, por lo tanto, son el gobierno y el Congreso quienes afectan el Estado de Derecho al promover normas de cómo esta, conforme a los fundamentos siguientes:

1. El derecho a la consulta forma parte del ordenamiento peruano. El artículo 6, inciso 1 letra a del Convenio 169 de la OIT, aprobado e incorporado a la legislación nacional mediante resolución legislativa Nº 26253, publicada el 2/12/93, señala con claridad la obligación del Estado de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Agrega en el inciso 2 de dicha disposición que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Además, el Convenio 169 reconoce otros derechos a los pueblos indígenas como el derecho a la integridad cultural, a la participación, a decidir sus prioridades de desarrollo y controlar en lo posible el mismo (Derecho a la libre determinación), al mejoramiento de sus condiciones de vida como prioridad de los planes y proyectos de desarrollo, a participar en los beneficios de la explotación en tanto se den, a la autonomía, al uso de las tierras, etc.
2. El derecho a la consulta tiene rango constitucional y vincula a todos los poderes del Estado. De conformidad a la Cuarta Disposición Final de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha señalado que los tratados de derechos humanos tiene rango constitucional (STC Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-2005-PI/TC acumulados, f.j. 25). Este rango constitucional ha sido reconocido al Convenio 169 de la OIT (STC Nº 03343-2007-PA/TC, f. j. 31.), reconociendo en sede jurisprudencial de forma explícita, el derecho a la consulta. De esta forma el Convenio 169, y todos los derechos que reconoce, conforman el Bloque de Constitucionalidad.
3. Los Decretos promulgados por el gobierno, cuya derogatoria reclaman los pueblos amazónicos no fueron consultados en respeto al mandato constitucional vigente. Se trata de los 8 decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades realizada por el Congreso a través de la Ley 29157. Nos referimos a los Decretos Legislativos 994 (modificado por el DL 1064), 1081, 1015 (modificado por el DL 1073), 1064, 1079, 1089, 1090 y el 1085. Estos decretos, independientemente que sus contenidos sean convenientes para el país, NUNCA fueron consultados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT.
4. El gobierno y el Congreso han vulnerado la Constitución al desconocer el derecho a la consulta. El gobierno ha incumplido lo establecido en el artículo 118 inciso 1 que señala que es obligación del Presidente de la República “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”. De igual manera, el Congreso ha violado el artículo 102 inciso 2 que establece como obligación del Estado “Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”. Si bien ambos tiene la facultad de libre configuración de las leyes y de los decretos legislativos, no se trata de un poder ilimitado, ellos no pueden desconocer la Constitución y los derechos fundamentales, supuesto en el cual se incurriría en un vicio sustancial de nulidad. El artículo 45 de la Constitución , que señala que “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.
5. No se niega el derecho a la libre empresa de los inversionistas, pero se deben armonizar los bienes jurídicos constitucionales en cuestión. La Constitución y el ordenamiento jurídico, no solo reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, también reconocen el derecho de libre empresa de los inversionistas, así como la obligación del Estado de garantizar y procurar una explotación de los recursos naturales sostenible. Estamos ante bienes jurídicos constitucionales dignos todos ellos de protección en este caso, los cuales deben ser armonizados a través de una adecuada ponderación, y recurriendo al principio de proporcionalidad. Es decir, el gobierno peruano no solo debe proteger los intereses del gran capital, también debe preocuparse por garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Irupé Gonzales
Prensa y Difusión